La Fiscalía frena una investigación contra el PSOE de Castilla-La Mancha en vísperas de las elecciones

Una querella presentada en diciembre de 2022 contra destacados rostros del PSOE de Castilla-La Mancha ha sido frenada por la Fiscalía, que ha pedido y conseguido el archivo provisional de la causa por parte de la juez de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. La denuncia, que apunta a la comisión de seis presuntos delitos en concurso con un séptimo, fue presentada por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa de Aguas Subterráneas (CUAS) Rus-Valdelobos, que engloba a 3.000 agricultores de 29 municipios de Cuenca y Albacete. Pero la Fiscalía Anticorrupción de Luzón informó negativamente sobre la querella presentada contra José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha cuando sucedieron los hechos, y 17 personas más, entre ellos José Luis Martínez Guijarro, consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2011 y actual vicepresidente de esa autonomía. También están señalados en la querella la vicepresidenta regional entre 2008 y 2011, María Luisa Araujo, que es la actual presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.

La querella fue presentada el 24 de diciembre de 2022 y recayó por turno de reparto en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Tras revisar la extensa denuncia, de más de 300 folios, la juez María Tardón dictó un auto el 17 de enero de 2023 en el que indica que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones (querella) presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Y disponía que «se incoen diligencias previas, dando cuenta de su incoación al ministerio fiscal».

La Fiscalía Anticorrupción recibió el auto de la juez el 25 de enero de 2023 y una semana después, el 3 de febrero de 2023, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, decretó «la asunción de competencias para la intervención de las diligencias previas (…)», al tiempo que designaba una fiscal de su oficina para llevar este asunto. En su decreto, el fiscal jefe Anticorrupción explica que la querella presentada por la citada entidad de derecho público cuantifica el perjuicio que habría sufrido en «en 31,5 millones de euros, así como la existencia de un fraude a los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Europeas con una posible malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos». Por tanto, sin dudarlo Luzón asumió este caso para su Fiscalía, por entender que la envergadura de los hechos denunciados eran de su competencia.

Pero apenas un mes después, el 2 de marzo de 2023, la misma Fiscalía Anticorrupción dictaminaba en un informe de menos de cinco folios la respuesta a una querella de más de 300 páginas. En su dictamen asegura, por ejemplo, que «muchas de las alegaciones que se formulan además corresponden a períodos muy lejanos en el tiempo y se trata de forzar en una farragosa y muchas veces incomprensible redacción de los hechos de distinta naturaleza, sin concreción y sin el mínimo estándar fáctico que debe regir una querella penal». Y, en vez de ahondar explica que «la referencia defraudatoria se hace de manera generalista, sin prejuicio de la decisión que se tome por la Fiscalía Europea en el área de sus estrictas competencias». La fiscal añadía que «el derecho penal requiere asimismo la concreción sobre el elemento subjetivo del tipo (…) que no se acierta a encontrar en el complejo relato de hechos que se entremezclan en la querella y que, en todo caso, se aúna reiteradamente a materias de naturaleza contencioso-administrativa».

La querella, de 321 folios exactamente, recoge que se manipularon demarcaciones administrativas «para así obtener un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste». Y señala en concreto la zona oriental de la cuenca del río Guadiana, que forma parte del territorio hoy denominado Masa de Agua Rus-Valdelobos, que descarga de manera natural al río Júcar.

Delitos

Las acusaciones son por prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, fraude a la Administración, un delito continuado de fraude de subvenciones a Hacienda de la UE y a la Hacienda española, desobediencia a la autoridad judicial y malversación de caudales públicos en concurso con administración desleal.

La cuestión de fondo para los denunciantes consiste en que «esta masa de agua subterránea afecta a 29 municipios de las provincias de Albacete y Cuenca y, por consiguiente, al territorio de más de una Audiencia Provincial, además de los múltiples perjudicados reconocidos por las actuaciones de los máximos responsables y funcionarios públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana junto a su Comisaria de Aguas y su Oficina de Planificación Hidrológica, a los que ha prestado cobertura el Instituto Geológico y Minero de España con determinados informes técnicos «dirigidos» a crear «artificialmente» una línea divisoria hidrogeológica entre las Cuencas del Guadiana y del Júcar con criterios «administrativos» y no basada en «límites hidrogeológicos», tal y como expresamente le han ordenado a tales responsables tanto el Tribunal Supremo como la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000 y nuestro ordenamiento interno con la transposición de dicha Directiva reflejado en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre». En resumen, la querella expone que el agua de Castilla-La Mancha se va al cauce del Júcar y, por tanto, no puede ser aprovechado por los agricultores de estas 29 localidades.

Además, los denunciantes acusan a los querellados de «incumplir por los mismos, de forma deliberada y sistemáticamente disposiciones de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico así como el artículo 14 de la Constitución».  Es decir, que durante años, Castilla-La Mancha se habría negado a cumplir las directivas españolas y europeas en materia hidrológica.

Mientras tanto, la entidad denunciante acudía también a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía europea, el 14 de diciembre de 2022, al entender que el presunto fraude de 1.200 millones de euros eran provenientes de fondos europeos y, por tanto, Europa era directamente perjudicada por la mala gestión de ese dinero en la comunidad castellano-manchega. Tras el dictamen de la fiscalía española, la Fiscalía Europea emitió otro decreto el 15 de febrero de 2023 en el que informaba de manera desfavorable a iniciar acciones penales porque en la denuncia «se relatan una pluralidad de conductas. Muchas de ellas datan de la década de los noventa y la gran mayoría es anterior a la entrada en vigor del Reglamento, el 20 de noviembre de 2017». De esta manera, Europa decidía «no iniciar la investigación y archivar el presente procedimiento».

El 3 de marzo la juez Tardón atendía la petición de la Fiscalía española y acordaba «inadmitir la querella (…) por carecer los hechos de relevancia penal». Los denunciantes recurrieron en reforma, pero el mismo juzgado desestimaba el recurso el 18 de abril de 2023, dejando a la CAUS Rus-Valdelobos y a sus 3.000 afectados la oportunidad de recurrir en apelación o acudir a la vía civil para demandar una solución.